El ELN dinamitó las esperanzas de paz

El atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en el cual murieron veinte jóvenes estudiantes y fueron heridos casi ochenta, realizado por aparentemente un suicida -algo novedoso en el historial de los hechos de violencia de la guerrilla, más bien propio de los grupos del narcoterrorismo-, además de generar una indignación generalizada en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional, acabó con las posibilidades de salida concertada, por ahora, que a decir verdad eran bastante inciertas.

Más allá de las motivaciones que pudo tener el hecho violento (la respuesta a hechos militares, como lo arguyen en el comunicado en que se atribuyen el atentado; terminar con una Mesa de Conversaciones, probablemente incómoda para un sector de esa organización; mostrar una capacidad de producir hechos de violencia para posicionarse internamente…), el mismo deja una serie de interrogantes, sin respuesta por el momento: el primero, que mencionamos anteriormente, acudir a un suicida y a un vehículo aparentemente de propiedad del mismo –no había intención de ocultar, ni los orígenes, ni la autoría del hecho, frente a los entes de investigación del Estado-; el segundo, las medidas de seguridad de la institución de educación policial, evidentemente con fallas; el tercero, si hubo o no colaboración de inteligencia interna. Es probable que la investigación judicial termine por dar luces a varios de los hechos mencionados y otros.

Pero los tres efectos más importantes que generó fueron los siguientes: primero, dinamitaron la Mesa de Conversaciones de La Habana en mil pedazos, una Mesa, qué debemos decirlo, estaba moribunda desde el inicio del actual Gobierno. Porque las políticas de terminación del conflicto armado en nuestro país siempre han sido políticas de gobierno, no de Estado, como seguramente sería deseable, pero eso requiere grandes acuerdos que lamentablemente nunca se han intentado, ni realizado en nuestra historia reciente; pero el que las políticas de terminación del conflicto armado no sean de Estado no significa que los compromisos que adquiera cada Gobierno no deban ser respetados y cumplidos por los Gobiernos siguientes. El actual Gobierno del Presidente Duque ha planteado que cualquier posibilidad de conversaciones con esa guerrilla pasa por la decisión de terminar con el secuestro y poner en libertad a todos los secuestrados y cesar todos los hechos de violencia. El ELN sigue, equivocadamente a mi juicio, creyendo que las políticas y condiciones del anterior Gobierno siguen siendo válidas –conversar en medio de la confrontación armada, ceses bilaterales, etc.- y no dice nada en todo este período, de las condiciones que plantea el nuevo Gobierno. Por eso, la Mesa de Conversaciones estaba paralizada y sin ningún futuro.

Segundo, le dio argumentos al actual Gobierno para retornar a una política de seguridad de mano dura, que podría ser una re-edición de la ‘política de seguridad democrática’ del gobierno del expresidente Uribe y el riesgo de retroceder en las garantías a la protesta social y a la movilización ciudadana que en parte se ‘ganaron’ con los acuerdos entre el Gobierno y las FARC. De paso, hay que señalarlo, igualmente contribuyeron, a lo mejor sin proponérselo, a darle un norte al actual Gobierno –colocar la política de seguridad como el objetivo central- y aumentarle la decaída popularidad. Porque no hay duda que este tipo de hechos genera un rechazo inmenso en los colombianos de a pie, que están cansados de que se siga invocando discursos políticos para justificar hechos de sangre y violencia.

Tercero, le ha creado a Cuba una incómoda situación diplomática; Cuba en los últimos años, desde el Gobierno del Presidente Pastrana, pasando por el del Presidente Uribe y luego el del Presidente Santos, no ha hecho otra cosa que colaborar con la búsqueda de la terminación del conflicto armado colombiano y la respuesta no puede ser ‘embarcarlos’ en un enredo diplomático. No creo que Cuba esté satisfecha de terminar en medio de un incidente diplomático, surgido del levantamiento de la Mesa de Conversaciones, luego del acto terrorista cometido por el ELN y que el Gobierno de Cuba condenó enérgicamente, igual que toda la comunidad internacional, pero que no se debe confundir con el deber de cumplir con los protocolos que se habían firmado para prever una eventual ruptura de la Mesa de Conversaciones –para países como Noruega y Cuba, que tienen un amplia trayectoria como facilitadores de paz, la seriedad en garantizar los acuerdos de las partes es algo fundamental de su política exterior-. Porque, si bien el principal responsable de esta situación es el ELN y el acto terrorista que realizó, también es cierto que la posición del Gobierno colombiano actual de proyectar a lo internacional sus tensiones políticas internas con el anterior Gobierno, todo ello ha confluido para la creación del impase diplomático. No es claro en este momento cómo se terminará resolviendo este impase, pero creo que muchos países pensarán a futuro si colaborar o no con nuevos esfuerzos de búsqueda de terminación del conflicto armado en Colombia.

Hoy día los colombianos nos encontramos de nuevo en un escenario, que pareciera un retorno al pasado. Con probabilidades de recurrencia de hechos de violencia y especialmente de actos terroristas en las ciudades –esa es el arma preferida a la cual acude una organización como el ELN al no tener la capacidad militar suficiente para intentar mostrar fuerza- y seguramente con intensificación de voladuras de instalaciones energéticas y en los territorios una acentuación de los operativos militares que pueden conllevar situaciones muy preocupantes para las organizaciones y líderes sociales; señalamientos a dirigentes y organizaciones sociales y políticas, en fin, un escenario indeseable. La Fuerza Pública tiene el gran desafío de diseñar e implementar una política de seguridad que prevenga y neutralice los hechos de violencia de esta organización y otras organizaciones ilegales, todo ello dentro del marco de la Constitución y la ley.

Del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que surgió en las montañas santandereanas a mediados de los años 60s, influenciada por la revolución cubana y compuesta por jóvenes estudiantes de las juventudes liberales del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y de las juventudes comunistas y antiguos campesinos guerrilleros liberales descontentos, de las guerrillas de Rafael Rangel en el Magdalena Medio, en la que militó el sacerdote Camilo Torres Restrepo y otros sectores de la iglesia popular, no va quedando mucho como proyecto político de ‘liberación nacional’. Ojalá no se vaya transformando progresivamente en una exclusiva máquina de guerra, propia de las organizaciones armadas que pierden sus lazos con el tejido social, porque de allí, como bien lo analizará hace varios años el colega Michel Wieviorka a propósito de otros casos en el mundo, a transformarse en grupos con una lógica de acción terrorista no hay sino un paso. Ojalá recapaciten pronto y entiendan que en el mundo actual no existe justificación política alguna para el uso de la violencia para buscar objetivos políticos y muchísimo menos para los hechos terroristas. Cuando existan esas nuevas condiciones para intentar una salida concertada al conflicto armado, con seguridad habrá organizaciones y grupos sociales dispuestos a colaborar y apoyar.

Mientras tanto, debemos continuar las acciones de denuncia y movilización, defendiendo la vida de todos los colombianos, especialmente la de los más vulnerables, entre ellos los líderes y lideresas sociales y los defensores de derechos humanos. Y seguros de que la solución definitiva de este conflicto armado será producto de concertaciones entre los actores del mismo, pero sin creer que van a conseguir en la Mesa de Conversaciones, lo que no fue ni será posible en el terreno de los enfrentamientos armados. Los cambios en la sociedad, que deben darse, serán progresivos y producto de la acción política y social y no de vanguardias armadas.

Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia, Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.

*Publicado originalmente en: Revista Sur.

Imagen: Firma de inicio de las negociaciones para el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Por: Cancillería de Ecuador.