A diez años de la crisis diplomática entre Ecuador, Colombia y Venezuela: oscilaciones en la fronter
En 2008, la persecución dirigida por el gobierno de Colombia hacia la narco-guerrilla, desde inicios del milenio, dio un giro peligroso que amenazó con romper la calma dentro de la denominada zona de paz sudamericana. En la madrugada del día 01 de marzo, se desplegó una maniobra planificada por el ejército colombiano, a la cual se denominó Operación Fénix y cuya finalidad fue acabar con la vida de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, que era uno de los altos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ejercicio militar, considerado una masacre por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y autorizado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, cobró la vida de Reyes y una veintena de guerrilleros, además de cuatro estudiantes provenientes de México y un ecuatoriano. A pesar del “éxito” de la estratagema, la operación cometió un tropiezo al atentar contra la soberanía ecuatoriana. Ese fue el preámbulo de una de las crisis diplomáticas más severas experimentada en América del Sur.
La sangre colombiana (ecuatoriana y mexicana) fue derramada en territorio ecuatoriano, alterando, con celeridad, no sólo las relaciones bilaterales de ambos países, sino también influenciando negativamente la convivencia pacífica en la cual la región se había adentrado desde finales de la década de 1990, cuando se firmó el armisticio entre Ecuador y Perú por el conflicto del Cenepa. Sin embargo, las fallidas excusas pronunciadas por Uribe confirmaban la efervescente opinión de varios especialistas: el mayor crimen había sido consumado. Pero no se referían a la muerte de una veintena de personas, sino a la actividad militar extranjera dentro del Ecuador, un crimen hacia el Estado ecuatoriano.
Ecuador, una vez informado de la violación territorial, interrumpió las relaciones con Colombia, expulsando a su embajador de Quito. El expresidente de Venezuela Hugo Chávez, por su parte, también desalojó a los representantes diplomáticos de Caracas y movilizó tropas hacia la frontera, alegando que el ataque colombiano hacia Ecuador fue orquestado con el apoyo de los Estados Unidos. En vista del inminente peligro, los países de la región accionaron diversas plataformas diplomáticas para evitar que la crisis escalase hacia dimensiones bélicas. Una de ellas fue la vigésima Cumbre del Grupo de Río, celebrada el 07 de marzo de 2008, que puso a prueba la capacidad regional para resolver conflictos de forma pacífica.
Tras acalorados debates entre Correa y Uribe – con acusaciones de presuntos vínculos entre el presidente ecuatoriano y las FARC, por un lado, y contraargumentos de que las políticas militaristas de Colombia estarían afectando a los territorios vecinos, por el otro –, la disputa fue sellada con un memorable apretón de manos y con el compromiso colombiano de que los hechos del 01 de marzo no se repetirán nuevamente.
Luego de diez años de ocurrida aquella violación territorial por parte de Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran estables, pero la situación de fronteriza está lejos de ser resuelta. Tras ser encaminado el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, en noviembre de 2016, diversos grupos se rebelaron contra el avance alcanzado por ambas partes. Como consecuencia, existen múltiples facciones rebeldes que, tras el refuerzo de medidas de seguridad interna en Colombia, se están desplazando para operar en las fronteras. Dicha dinámica ha deteriorado el estilo de vida en las localidades limítrofes colombo-ecuatorianas, haciendo de la violencia una práctica recurrente.
Dos episodios tiñeron de sangre nuevamente el lado ecuatoriano de la frontera, entre enero y marzo de 2018. El primero ocurrió el 23 de enero, con la explosión de un coche bomba que destrozó un cuartel de la policía, dejando treinta policías heridos. Hasta el día 20 de marzo, con un nuevo incidente en la localidad de Mataje que dejó cuatro muertos y 10 heridos, se sumaron cuatro atentados dirigidos hacia las fuerzas de seguridad ecuatorianas que han venido a tratar los incidentes como un problema nacional. Los ataques han sido atribuidos a la llamada narco-guerrilla disidente de las FARC, liderada por el ecuatoriano Walter Artízala, alias Gaucho. Las investigaciones realizadas por el Ministerio del Interior ecuatoriano indagan, incluso, sobre la participación de emisarios de cárteles de droga mexicanos, dado presuntamente por el aumento de la incautación de droga.
El segundo episodio ocurrió el 26 de marzo, con el rapto de tres periodistas ecuatorianos que pretendían acompañar la realidad de la frontera norte. El viernes 13 de abril, el gobierno ecuatoriano confirmó la muerte de los secuestrados en manos de la narco-guerrilla. Esta tragedia constituye la metamorfosis de una lógica en la cual Ecuador era apenas un observador externo de los conflictos de sus vecinos. Paradójicamente, a partir de los acuerdos de paz de 2016, los nuevos grupos subversivos que disputan la frontera alteraron el status quo ecuatoriano frente al problema.
Los ataques y el secuestro han mostrado, además, que el país no posee recursos ni protocolos para lidiar con el narcotráfico. La dificultad comienza por el pleno control territorial que, como argumenta el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora, ni Ecuador ni Colombia poseen. Pues, únicamente a partir del día 18 de febrero de 2018, el presidente Lenin Moreno anunció que “por fin Ecuador tiene una política de defensa, de seguridad y desarrollo para la frontera norte”. Política que, tras la visita del vicepresidente de los EE.UU. Mike Pence, aproxima a ambos países luego de 9 años del cierre de la Base de Manta, que fue el marco del congelamiento de la cooperación en seguridad. Así, el 02 de agosto se anunció la apertura de una Oficina de Cooperación en Seguridad.
A estas medidas embrionarias de control fronterizo en la zona norte se suma el impacto de una crisis migratoria implacable, proveniente de Venezuela, que azota a América Latina. Ecuador es un país de 16 millones de habitantes cuyos flujos de inmigración anuales, a respecto de los venezolanos, giraban en torno a 27 mil personas en 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para 2017, el flujo aumentó a 226 mil personas y, en los primeros seis meses de 2018, la crisis migratoria ha registrado un total de 454 mil individuos. En el mes de agosto, las estadísticas anunciaron un ingreso récord diario de 4.200 venezolanos, situación que llevó al Ecuador a declararse en emergencia migratoria, accionando mecanismos para brindar ayuda humanitaria a quienes pretenden establecerse en el país o buscan seguir su camino hacia el Perú y otros destinos.
Tras diez años del fatídico acontecimiento en Angostura – que llevó a Correa, Uribe y Chávez a la mesa de negociaciones – observamos que la paz sedimentada aquel 07 de marzo de 2008, fue una paz por la soberanía. Paz que no ha llegado a las familias de los estudiantes mexicanos que fallecieron en aquel ataque y que aún protestan por justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han levantado demandas contra autoridades políticas y militares de Colombia, Ecuador y México. De la misma manera, esa utopía de paz persiste en las familias que viven bajo la sombra de la violencia de las facciones que actúan en ambos lados de la frontera y, en lo referente al éxodo venezolano, las esperanzas de paz son mínimas, pues la onda xenofóbica, así como la migración, también se ha expandido por América Latina.
Cristian Daniel Valdivieso é mestrando pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisador do Gedes.
Imagem: Mapa de Ecuador, Colombia y Venezuela. Por: R@ge.
